Una Cárcel al Aire Libre

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Por: Pablo Rubio

Trabajos forzados, instrucción militar infantil y persecución de todo atisbo de oposición política: los mecanismos que utiliza el gobierno de Eritrea para afianzarse en el poder han obligado a miles de ciudadanos a huir de su país.

Bajo esta aparentemente inofensiva denominación, se esconde el programa de trabajos forzados que causa pavor en Eritrea. Fue proclamado en 1995 por Isaias Afewerki, que ha sido el único presidente del país desde su independencia de Etiopía en 1991. El Servicio Nacional ha sido, desde sus orígenes, la causa más común que ha impulsado a decenas de miles de personas a abandonar este pequeño país, localizado en la región más septentrional del cuerno de África.

El Servicio Nacional es una institución pública regulada por ley. Sobre el papel, los ciudadanos son llamados al Servicio cuando cumplen la mayoría de edad. Teóricamente, su duración es de un año y medio. Sin embargo, lo más frecuente es que se prolongue en el tiempo de forma prácticamente indefinida. Según Human Rights Watch, no es extraño que muchos hombres estén inscritos en los registros de trabajadores durante más de diez años, incluso veinte.

El Servicio Nacional abarca diferentes tipos de trabajo, desde la incorporación a las fuerzas armadas y de seguridad a labores de extracción de recursos naturales en minas poco seguras. Independientemente del cometido que se le asigne a cada ciudadano, los salarios que paga el gobierno no suelen ser suficientes para que lleven una existencia digna. En Eritrea, el 69% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, según los datos que ofrece el Banco Mundial. El PIB per cápita es de poco más de 1,3 dólares diarios por persona. El índice de desarrollo humano del país se sitúa en el puesto número 186 de un total de 188 estados evaluados.

Además de por su reducida remuneración, el Servicio Nacional se caracteriza por la rígida disciplina a que están sujetos todos los puestos de trabajo. Esta circunstancia queda plasmada en el ejército. En Eritrea, los varones comienzan su instrucción durante el último curso de colegio, cuando apenas cuentan doce años de edad, sin formar parte todavía del Servicio Nacional. Son trasladados a campos de entrenamiento como el de Sawa, situado al noroeste del territorio. La mayoría de niños y adolescentes crecen en un ambiente autoritario y hostil, son adiestrados en el manejo de armas y, a menudo, forman parte de expediciones cuyo objetivo reside en disparar a matar a los eritreos que intentan cruzar ilegalmente la frontera con países limítrofes.

Otros trabajadores eritreos son destinados a las minas de oro, cobre y zinc. Las explotaciones, que carecen de las medidas de seguridad más elementales, están relacionadas con dos compañías canadienses: Sunridge Gold Corporation y Nevsun Resources. A través de acuerdos con el Ministerio de Energía y Minas y dos empresas públicas de subcontratación, las entidades norteamericanas, según denuncia Amnistía Internacional, han consentido en que sus minas salgan adelante por medio del Servicio Nacional. La organización no gubernamental señala que estas políticas llevadas a efecto por el presidente eritreo son susceptibles de ser consideradas crímenes de lesa humanidad y, por tanto, violatorias de derecho internacional humanitario.

No obstante, el programa de trabajos forzados no es la única herramienta de la que se sirve el gobierno para controlar a la población. Diversas ONG como Social Watch o United Explanations coinciden en calificar a Eritrea como una “prisión al aire libre”. La oposición política al régimen de Asmara está ilegalizada; del mismo modo, la libertad de asociación no está reconocida como un derecho. Se estima que en todo el país hay en torno a 10.000 presos políticos. Los opositores no son los únicos prisioneros de conciencia.

Según Reporteros Sin Fronteras, Eritrea es el país con menos libertad de prensa de todo el mundo, por detrás incluso de Corea del Norte. El presidente Afewerki ostenta el dudoso honor de figurar en la lista de “Depredadores de la libertad de prensa”, elaborada por la organización. Actualmente, entre 15 y 20 periodistas locales se encuentran bajo arresto. Atendiendo a los informes publicados por Reporteros Sin Fronteras, se cuentan por decenas los que se han visto obligados a marcharse de su país.

En Eritrea, también la libertad de culto está restringida. Desde 2002, el gobierno ha dedicado grandes esfuerzos a controlar las principales comunidades religiosas. Sobre el total de la población, que asciende a unos seis millones y medio de habitantes, la mitad de los eritreos son musulmanes y la otra mitad, cristianos. La persecución se centra en estos últimos, ya sean coptos, ortodoxos etíopes, católicos romanos o luteranos. La organización cristiana Open Doors calcula que, en la última década, más de 3.000 cristianos han sido detenidos y privados de libertad.

El trato que reciben los reclusos, como norma general, viola sus derechos fundamentales. Amnistía Internacional denuncia que una parte considerable de las detenciones es arbitraria: los reos ni siquiera son informados de las razones que han conducido a su arresto. Las instalaciones penitenciarias se encuentran en condiciones deplorables, especialmente en lo referente a la higiene y a las camas. Algunas celdas son construidas bajo tierra, sin acceso a luz natural. La alimentación de los presos y su acceso al agua potable también es objeto de crítica en los informes de AI.

Travesía por el desierto

Las circunstancias anteriores han convertido a Eritrea en un país poco seguro para muchos de sus habitantes. Al clima de represión política, se unen las subidas de los precios de alimentos básicos y las sequías periódicas que afectan al cuerno de África. Todos estos condicionantes agravan la situación de la población eritrea. Escapar del país se contempla, entonces, como la única opción verdaderamente viable para la supervivencia.

Las cifras varían de unas fuentes a otras. Las estimaciones más extendidas sitúan el número de eritreos que han huido de su país desde la década de los 90 en unos 350.000. En los últimos años, Naciones Unidas calcula que cerca de 5.000 personas huyen de Eritrea cada mes. El trayecto que emprenden los lleva por los desiertos de Etiopía y Sudán. Algunos permanecen en las grandes ciudades de estos países, como Addis Abeba o Jartum. Según Al Jazeera, Etiopía acoge a más de 100.000 refugiados eritreos. No obstante, los menos afortunados son deportados de vuelta a su país de origen. Otros sí pueden continuar su periplo a través de Egipto y Libia. Este último estado norteafricano se ha convertido en la puerta de Europa para miles de refugiados subsaharianos, entre ellos, los eritreos. Los hay, además, que prefieren buscar refugio en Israel, aunque el gobierno hebreo ha endurecido últimamente sus políticas de asilo.

En el marco de la actual emergencia humanitaria que afronta el Viejo Continente, Eritrea ocupa el tercer puesto en la lista de lugares de procedencia de los migrantes, solamente por detrás de Siria y Afganistán. Muchos mueren en el Mediterráneo cuando tratan de alcanzar las costas italianas. Sin embargo, el peligro no se limita solamente a la travesía marítima: los refugiados son vulnerables desde el mismo momento en que comienzan su huida de Eritrea. Representan una jugosa fuente de ingresos para las mafias, los traficantes de personas y los secuestradores. En el norte de África, especialmente en Sudán, son comunes los secuestros de migrantes por bandas armadas, que luego exigen cuantiosos rescates a los familiares de los raptados. La mayor parte de la población no tiene recursos ni para pagar estos rescates ni, con frecuencia, para emprender siquiera la huida de Eritrea, su hogar. Un hogar similar a una celda rodeada de desierto.

Pablo Rubio es estudiante de Relaciones Internacionales y Periodismo. Le interesa la política internacional, el baloncesto y la historia del arte. También es seguidor del Atlético de Madrid.

Imagen tomada de geographical.co.uk

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