Los Parias de Bengala

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Por: Pablo Rubio

La etnia rohingya malvive sumida en la persecución y la segregación. Las miradas se centran en el nuevo gobierno civil de Myanmar, que tiene la ocasión de poner fin a años de estigmatización y sufrimiento.

“El pueblo más oprimido del mundo”. Así caracteriza la organización End Genocide a los rohingya. Los individuos pertenecientes a este grupo étnico son musulmanes originarios del oeste de Myanmar (antigua Birmania). En el país donde más extendidas están las interpretaciones menos pacifistas del budismo, sus creencias y su etnicidad han convertido a los rohingya en víctimas de ataques violentos y de un confinamiento forzoso similar al apartheid sudafricano. De entre las comunidades del sudeste asiático, su situación es una de las más delicadas.

Desde hace décadas, los rohingya han sufrido discriminación por parte de los regímenes militaristas que han dominado el país. Sin embargo, a lo largo de los últimos cuatro años, sus condiciones de vida han empeorado drásticamente. Junio de 2012 fue el punto de inflexión: en esta fecha, grupos paramilitares de inspiración religiosa budista comenzaron a perpetrar incursiones armadas en los barrios musulmanes del Estado de Rakhine, donde viven mayoritariamente los individuos de esta minoría.

La ciudad de Sittwe ha sido uno de los objetivos recurrentes de estas escaramuzas. Esta localidad es la capital de la región occidental de Myanmar y, antes del estallido de la persecución, uno de los grandes centros de población rohingya. Entre 145.000 y 150.000 miembros de la etnia vivían allí en 2012. Hoy, solo permanecen en la ciudad, confinados en un gueto, cerca de 5.000. Los restantes fueron trasladados a campamentos insalubres a las afueras. Actualmente, en estos campos permanecen unas 120.000 personas. La International State Crime Initiative (ISCI) calcula que, en todo el Estado de Rakhine, habitan unos 800.000 musulmanes del grupo rohingya, concentrados en dos grandes franjas de territorio aisladas del resto de Myanmar.

Aunque no existe confirmación oficial al respecto, analistas de la ISCI apuntan a que la mayor parte de acciones violentas que se han llevado a cabo desde que comenzaron los disturbios han contado bien con la organización, bien con el apoyo tácito de las instancias oficiales, especialmente durante el último gobierno militar. En lo concerniente a este régimen, dirigido con puño de hierro por el general Thein Sein, los Rohingya no existían jurídicamente. No eran ciudadanos del Estado, sino que se les consideraba inmigrantes ilegales procedentes de la vecina Bangladesh. Se les negaba, de forma sistemática, el derecho a vivir en su lugar de origen y también su nacionalidad.

Según el experto Daniel Feierstein, el comportamiento del gobierno de Myanmar hacia la comunidad rohingya entraba, por entonces, dentro de los parámetros de lo que se puede calificar como genocidio. En su tratado “El genocidio como práctica social”, Feierstein distingue varias etapas en el proceso de aniquilación de una parte de la sociedad: estigmatización, persecución, confinamiento, debilitamiento, eliminación y eliminación de la historia colectiva. El autor apunta a que, a finales del año 2015, los rohingya se encontraban entre el debilitamiento y la eliminación.

Las elecciones del pasado noviembre representan una pequeña esperanza para las personas pertenecientes a la etnia. Desde su celebración, la política de Myanmar está dirigida por un gobierno civil. A cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores se encuentra la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Suu Kyi fue uno de los principales símbolos de la lucha por la implantación de la democracia en Myanmar desde finales de los años 80. La ministra, no obstante, nunca ha definido de manera tajante su posición con respecto al problema de los rohingya. Es cierto que ha reiterado la intención del gobierno actual de encontrar una solución al conflicto que sea satisfactoria para ambas partes: perseguidos y perseguidores. En conversaciones con John Kerry, el Secretario de Estado de Estados Unidos, se ha comprometido a continuar trabajando por la vía pacífica. La administración Obama, por su parte, ha retirado recientemente algunas de las sanciones económicas que su país tenía impuestas sobre Myanmar.

Sin embargo, en declaraciones a The Telegraph en noviembre de 2015, integrantes de la oficina de trabajo de Suu Kyi reconocieron que la situación de los rohingya no es un asunto prioritario para el ejecutivo, que sigue siendo contrario a muchas de sus reivindicaciones. El gobierno continúa sin dar su brazo a torcer en ciertas cuestiones simbólicas. Por ejemplo, las autoridades todavía vetan el empleo del propio término “rohingya” para designar a los miembros de la minoría musulmana. Despectivamente, continúa aplicándoles la denominación de “bengalíes”, ya empleada por las dictaduras militares y que los miembros de la comunidad consideran ofensivo.

Crisis migratoria

De este modo, muchos musulmanes de Myanmar siguen viéndose obligados a afrontar la siguiente disyuntiva: permanecer en su país, donde están presentes los peligros de la pobreza, la marginación y la violencia, o emigrar en busca de un lugar mejor en el que asentarse. Desde 2012, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos calcula que más de 100.000 miembros de la etnia rohingya se han decantado por la segunda opción.

Esta elección no está desprovista de riesgos y penalidades. Para huir de Myanmar, los refugiados deben trasladarse primero a Bangladesh, donde permanecen largos periodos en campos de refugiados. Refugees International estima que, solo en Bangladesh, viven desplazados entre 200.000 y 250.000 rohingyas que llevan décadas escapando de la discriminación. El gobierno bangladesí se ha mostrado poco colaborador a la hora de prestarles ayuda por dos razones principales: por su propia incapacidad para gestionar las oleadas de refugiados y por la complejidad de la frontera con Myanmar, complicada de controlar por las fuerzas de seguridad.

Desde Bangladesh, lo común es que los refugiados viajen en barcos viejos y abarrotados hasta la costa tailandesa, a través del mar de Andamán. Una vez en Tailandia, continúan a pie hasta llegar a Malasia, donde la religión predominante es el islam. Otra posibilidad consiste en navegar directamente hasta Malasia. Sin embargo, el gobierno de Kuala Lumpur ya ha rechazado la llegada de varios navíos, cuyos ocupantes, como consecuencia, quedaron abandonados en alta mar durante días. Desde principios de 2015, Indonesia, también de mayoría musulmana, se ha situado como otro de los países de acogida más destacados de la región.

Pablo Rubio es estudiante de Relaciones Internacionales y Periodismo. Le interesa la política internacional, el baloncesto y la historia del arte. También es seguidor del Atlético de Madrid.

Imagen. Refugiadas rohingya. Ningún Estado quiere hacerse cargo del barco en el que huyen de su país. Sollozantes, esperan ser rescatadas. Christophe Archambauld // AFP // Getty Images.

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