Una herida abierta en el corazón de África

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Por: Pablo Rubio

La violencia sectaria devasta la República Centroafricana. Más de 6.000 muertos y casi 900.000 desplazados son el resultado de una de las guerras menos conocidas del mundo.

La historia reciente de la República Centroafricana no se caracteriza por la estabilidad. Este país, que tiene una extensión algo mayor que la de España, alberga a ocho grupos étnicos mayoritarios cuyas relaciones no han sido siempre cordiales. A lo largo de las últimas décadas, las rencillas internas, los golpes de estado y las violaciones de derechos humanos han estado presentes en el día a día de sus ciudadanos. Actualmente, el país sigue siendo campo de batalla de los guerrilleros.

La lucha armada entre milicias en la República Centroafricana dura ya tres años y medio. En noviembre de 2012, el conjunto de grupos insurgentes Séléka, de raíces musulmanas, comenzó su avance desde el norte del país hasta Bangui, la capital. Sus líderes acusaban al gobierno de haber incumplido un tratado de paz anterior. Los combatientes de Séléka (denominación que en lengua local quiere decir “Alianza”) depusieron al presidente, François Bozizé, en marzo de 2013 y suspendieron la constitución del país. Seis meses después, Michel Djotodia, hasta entonces dirigente de Séléka, disolvió la coalición. En enero de 2014, abandonó el poder. La presidencia recayó de forma provisional en Cathérine Samba-Panza.

En respuesta a la ofensiva puesta en marcha por Séléka, empezaron a cobrar importancia grupos armados cristianos. La entrada en el conflicto de dichas formaciones, llamadas antibalaka (“invencibles”), acentuó el carácter étnico y religioso de las luchas entre ambas facciones. Desde finales de 2013, los dos bandos han estado embarcados en una espiral de violencia alimentada por la venganza. Las luchas por el poder en las formaciones que integraban Seleka y la incorporación a sus filas de mercenarios de otras nacionalidades (sobre todo, sudaneses y chadianos) entre 2013 y 2014 aumentaron la complejidad de la situación en la República Centroafricana.

El gobierno de Bangui ha intentado poner freno a las luchas internas. Hasta la fecha, sus tentativas de acabar con la violencia no han tenido demasiado éxito. En julio de 2014, con la mediación de la Comunidad Económica de Estados de África Central, fue firmado en Brazzaville (República del Congo) un acuerdo para establecer una tregua formal. Sin embargo, ambas facciones rompieron el pacto al poco tiempo. A pesar de que en el último año las hostilidades han decrecido y el país ha visto reforzada su actividad institucional –en febrero de 2016 se han celebrado elecciones-, las regiones controladas por las milicias son todavía extensas. El perjuicio ocasionado a las comunidades locales –especialmente, a las musulmanas- es patente.

Numerosas ONG internacionales coinciden en señalar que tanto Séléka y sus sucesores como las milicias antibalaka han perpetrado violaciones de derecho internacional humanitario. Por una parte, a los cabecillas de los dos bandos les serían achacables delitos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Incluso, la ONU ha llegado a emplear el término “limpieza étnica” para referirse a los asesinatos en masa cometidos por los grupos antibalaka. Por otra parte, los dos grupos armadas alistan en sus ejércitos a niños. La Corte Penal Internacional ya ha acometido investigaciones para determinar exactamente cuáles son los delitos cometidos y quién es responsable de ellos.

El conflicto en la República Centroafricana también se mide en cifras. El número de muertos sobrepasa los 6.000, pero eso no es todo. Según datos del ACNUR –Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados-, en la República Centroafricana hay unas 420.000 personas desplazadas dentro de su propio país. Además, se calcula que entre 450.000 y 470.000 personas, mayoritariamente musulmanes, malviven en campos de refugiados situados en los países limítrofes. Camerún es el país que más migrantes ha acogido, con más de 240.000. En total, unas 880.000 personas han dejado atrás sus hogares. Naciones Unidas estima que la mitad son niños. En un país con 4.600.000 habitantes, el número de desplazados representa en torno a una quinta parte de la población total.

Cuestionada intervención internacional

La magnitud de los crímenes y de las consecuencias humanitarias de esta guerra civil ha atraído la atención de las organizaciones internacionales. En septiembre de 2014, la operación de mantenimiento de la paz desarrollada por la Unión Africana quedó integrada dentro de la MINUSCA, bajo la tutela de Naciones Unidas. Asimismo, la Unión Europea desarrolla la Operación Sangaris, a través de la cual el ejército francés tiene desplegados sobre el terreno a miembros de sus Fuerzas Armadas desde finales de 2013.

No obstante, la eficacia de las misiones internacionales en la República Centroafricana está en cuestión. En primer lugar, aunque su presencia ha contribuido a mantener a salvo infraestructuras y edificios oficiales, no ha sido suficiente para proteger a la población en algunos episodios violentos, como el recrudecimiento de los combates que se produjo en Bangui el pasado septiembre tras la muerte de un taxista musulmán.

En segundo lugar, Amnistía Internacional y el CFR (Council of Foreign Relations) apuntan directamente a que soldados de la MINUSCA y de las fuerzas francesas han actuado en contra de la población local. Los casos más flagrantes tienen que ver con la presunta violación de menores por parte de algunos miembros de las misiones internacionales. Las autoridades francesas ya han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido y actuar en consecuencia. Además, AI también señala casos de brutalidad en el trato a detenidos y alude a un tiroteo indiscriminado por parte de los cascos azules que acabó con dos civiles muertos.

Recursos bañados en sangre

Los grupos armados han basado su financiación principalmente en la explotación y la posterior venta de materias primas. Los compradores son, en su mayoría, empresas comerciales europeas. Por un lado, Amnistía Internacional apunta a las minas de diamantes como una fuente de ingresos fundamental para que la guerra haya seguido su curso. En concreto, señala a las empresas Badica y Sodiam como las responsables de la adquisición de mineral procedente de explotaciones controladas por milicias por valor de varios millones de dólares.

Por otro lado, la organización británica Global Witness, en sus informes, pone el foco en el negocio de la madera, controlado por el oligopolio establecido entre SEFCA, IFB y Vicwood Group. Estas compañías, de capital libanés, tienen el apoyo de la Unión Europea. La materia prima se transforma y se vende posteriormente en Alemania, Francia, Reino Unido y, en menor medida, España. En total, la organización calcula que estas empresas han suministrado 3,4 millones de dólares a las partes en conflicto.

Grave crisis humanitaria

El dinero, sin embargo, no es para todos. La guerra entre milicias, todavía inconclusa, ha dejado a muchos centroafricanos en unas condiciones de vida sumamente precarias. Según los datos que ofrece la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (UNOCHA en sus siglas en inglés), 2,3 millones de personas se encuentran en situación de extrema necesidad. Esto es, la mitad de la población del país. Entre ellos, figuran los desplazados y los refugiados de países colindantes.

Cerca de cien ONG nacionales e internacionales operan sobre el terreno para atender las necesidades de la población. No obstante, UNOCHA calcula que llega al país menos de la décima parte de la financiación prevista por el Plan de Respuesta Humanitaria. El mencionado plan precisa otros 480 millones de dólares para poder hacer frente con eficacia a la emergencia humanitaria. Puesto que los requerimientos financieros no son satisfechos, el agua potable, la comida y la atención médica básica escasean. La educación primaria es otra de las áreas que más se ha resentido a causa de los recortes de fondos.

Los responsables de ACNUR resaltan la importancia de que la comunidad internacional no se olvide de la República Centroafricana. El pasado mayo, poco antes de dejar su cargo, Aurélien Agbénonci, Coordinador Humanitario en la República Centroafricana de UNOCHA, manifestó: “Es muy importante una mayor financiación que nos permita hacer todo lo que podamos, que evite otra crisis humanitaria que pudiera poner en peligro los avances que hemos conseguido, y que ponga a la República Centroafricana en el camino adecuado hacia un futuro más próspero y pacífico”.

Pablo Rubio: Pablo Rubio es estudiante de segundo curso del doble grado de Relaciones Internacionales y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos.

Imagen propiedad de Michael Zumstein, Agencia Vu.

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