Las mordazas legislativas

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Por: Marta Jimenez

Desde hace tiempo se escucha en muchos medios españoles hablar de la “ley Mordaza” para referirse a la Ley de Seguridad Ciudadana.

Las leyes mordaza se pueden definir como todas aquellas leyes que se perciben como una vulneración de los derechos fundamentales de la persona. El ejemplo más reciente es la ley que entró en vigor en España el pasado 1 de julio de 2015: la ley orgánica 4/2015 del 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, con la aprobación con los votos del PP y UPN tras varios meses de tramitación.

La peculiaridad de la ley es que, como expresa Raquel Pérez Ejerique en su artículo Los siete derechos fundamentales que limita la ‘Ley Mordaza’, “no hay juicio ni jueces. Son infracciones administrativas con multa asociada, pero no son delitos.”. Así, se estructura en tres tipos de infracciones: infracciones muy graves (artículo 35) con una sanción entre 30.001 y 600.000€, infracciones graves (artículo 36) con una sanción entre 601 y 30.000€ e infracciones leves (artículo 37) con una sanción entre 100 y 600€.

Nadie de acuerdo

Esta ley ha traído consigo mucha polémica por sus 54 artículos, sustituyendo la antigua Ley Corcuera de 1992. Son muchas las organizaciones que se han encargado de denunciar la falta de libertad que se propone como lo ha indicado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sobre lo relativo a los desahucios (artículo 36.4) o Greenpeace sobre el artículo 35.1 sobre la manifestaciones sin comunicar en edificios o monumentos.  Además, varios relatores de la ONU (Maina Kiai, David Kaye, Ben Emmerson, Michel Forst y Crépeau) también expresaron su desacuerdo.

También políticos han mostrado su desacuerdo. Por ejemplo, Pablo Iglesias planteó en diciembre de 2014 ante el Consejo de Europa si dicha ley era legal. Más tarde, el 25 de mayo de 2015, desde el Parlament de Catalunya, partidos políticos (PSOE, Convergencia i Unión, IU, ICV-EUiA, CHA, la Izquierda Plural, UPyD, el Grupo Parlamentario Vasco y el Mixto) llevaron a cabo la interposición del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, la cual fue admitida, dando un plazo de 15 días al Gobierno, al Congreso y al Senado para que presenten sus alegaciones. Sin embargo, no hay noticias nuevas sobre el procedimiento.

Recientemente, el 5 de abril el Congreso aprobó, sin los votos del PP, a instar al gobierno en funciones a que derogue la ley (junto con la prisión permanente revisable y los plazos de instrucción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Otra iniciativa legal fue una demanda contra esta ley ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos llevada el 22 de diciembre por tres periódicos digitales (La DirectaDiagonal y Ahötsa) pertenecientes a la plataforma Defender a Quien Defiende (DQD).

Un grupo de afectados por esta ley son los periodistas quienes alegan la falta de libertad de expresión y comunicación. Recientemente, se le impuso una multa de 601 € al periodista Asier López (de la revista Argia) por publicar una imagen en su cuenta de Twitter sobre la actuación policial (la detención de Naroa Ariznabarreta en Eibar por cortar la AP8 por la protesta por la ilegalización de la organización juvenil Segi). En este caso fue la infracción leve indicada en el artículo 36.2. Esta sanción ya ha sido condenada por la Asociación Vasca de Periodistas (AVP-EKE), Colegio Vasco de Periodistas (CVP-KEE), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).

Sin embargo, España no es la única afectada por este tipo de leyes, a continuación veremos otros ejemplos.

LEY 53 de Puerto Rico

En el contexto de la Guerra Fría con la oposición entre EEUU y la URSS, el 21 de mayo de 1948 la Asamblea Legislativa controlada por el Partido Popular Democrático (PPD) aprobó la Ley 53 (la cual Leopoldo Figueroa bautizaría más tarde como “la Ley de Mordaza”) con el fin principal de parar al Partido Independentista Puertoriqueño (PIP).

Esta ley tenía su base en la Ley Smith de EEUU de 1940 que tenía los mismos requisitos para calificar un delito grave. Entró en vigor el 10 de junio de 1948 con 4 artículos, declarando como delito grave “fomentar, abogar, aconsejar y predicar la necesidad, deseabilidad y convivencia de derrocar, paralizar y destruir el Gobierno Insular de Puerto Rico y las subdivisiones políticas de este por medio de la fuerza y de la violencia”. Además, se consideraba un acto ilegal publicar, imprimir, editar, distribuir o exhibir públicamente cualquier información con el fin de destruir el gobierno. Como se comprueba, esto afectaba al derecho a la libertad de pensamiento y comunicación. La pena más grave era de 10 años en la cárcel y/o 10.000$ (lo que serían unos 8,840€).

Finalmente, fue derogada por el Tribunal Supremo Federal en 1956.

Ley de escuchas telefónicas o DDL Intercettazioni

En 2008, se propuso una ley por el gobierno de Berlusconi con el fin de acabar con la publicación de las escuchas telefónicas en medios de comunicación y defender la privacidad de los ciudadanos. Condenas de hasta 30 días en la cárcel o sanciones de hasta 10.000€ a todo periodista que publicase cualquier escucha telefónica durante investigaciones o actas bajo secreto y multas entre 300.000 y 450.000 € para los editores.

Hubo mucha polémica y manifestaciones en contra, sobre todo por parte de los medios de comunicación, que se verían afectados. Así, surgieron huelgas entre los periodistas (la jornada de reflexión, con parones en televisiones) y jueces o el cierre de la versión italiana de Wikipedia a modo de protesta.

Aunque el Senado italiano aprobó la propuesta de ley en 2010 (con 164 votos a favor y 25 en contra) no consiguió el aprobado definitivo en su tercera lectura llevada por el Congreso. Un poco menos de un año, en febrero de 2011, el Gobierno de Silvio Berlusconi quería relanzar la misma ley aunque finalmente no se llevó a cabo.

Chile y su ley Mordaza

Siguiendo el ejemplo italiano, a principios de este año se presentó la propuesta de la Ley Mordaza que pretendía penalizar la filtración de información sobre procesos judiciales.

Desde el primer momento aparecieron críticas en oposición por parlamentarios independientes y en caso de aprobación por el Congreso, se presentaría el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. También el Colegio de Periodistas estuvo en contra.

El Senado chileno aprobó la propuesta de ley y sus modificaciones con 29 votos a favor y 3 abstenciones. Aunque excluye a periodistas, su incumplimiento por el resto está sancionado con multas de hasta 13.000$ y 3 años y un día de cárcel.

Finalmente el pasado 19 de abril, la Cámara Baja rechazó la propuesta con 55 votos a favor y 56 en contra y 2 abstenciones. Ahora se encuentra bajo una comisión mixta que decidirá qué camino tomar aunque ya muchos han mostrado su desacuerdo.

Por tanto podemos ver que no solo España se encuentra actualmente en una situación legislativa difícil sino que hay otros países que también apuestan por unos recortes en la libertad de expresión y comunicación –principalmente- que afectan sobre todo al derecho de informar y de estar informados.

Imagen tomada de elventano.es

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