Junts pel Sí y la CUP quieren tramitar las leyes de «desconexión» de Cataluña antes de 30 días

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Por: Ana Muñoz García

  • Las ya famosas leyes de «desconexión» incluyen Transitoriedad jurídica, Hacienda y Seguridad Social.
  • El Gobierno central y la oposición en el Parlamento catalán han reaccionado en contra de «todo aquello contrario a la legalidad».

Junts pel Sí y la CUP prevén empezar a tramitar las tres leyes básicas secesionistas de Cataluña en treinta días a partir desde este mismo jueves, tras la constitución de las comisiones del Parlament. La portavoz parlamentaria de Junts pel Sí (JxSí) ha aclarado que esto no debe confundirse con su aprobación definitiva, que se reservaría para el final de la legislatura a fin de que el gobierno no las recurriese. Las leyes pasarían por el pleno del Parlament conjuntamente con la declaración de independencia prevista en la famosa hoja de ruta de Junts pel Sí y la CUP, que tiene como objetivo edificar el estado catalán en un período estimado de 18 meses.

Según la portavoz parlamentaria de JxSí Marta Rovira, una de estas tres leyes, la Ley de Transitoriedad Jurídica, contendría una Constitución catalana muy básica y posiblemente los primeros artículos de la declaración de independencia. Esta Constitución tendría un carácter meramente transitorito y provisional, hasta que se aprobase por referéndum un texto definitivo. La consellera de Presidencia de la Generalitat Neus Munté ha enfatizado que lo importante es “llegar a ser un Estado”, en respuesta al debate sobre qué se produciría primero: si unas eventuales elecciones constituyentes o la “declaración de intenciones” -es preciso recordar el término declaración unilateral de independencia (DIU) ya fue desestimado por el gobierno catalán al “ser entendido negativamente en Europa”.

Esta maniobra del nuevo gobierno se enmarca en la línea independentista fuertemente promovida por la anterior presidencia de Artur Mas, quien tuvo que renunciar a su investidura para desbloquear la formación de un gobierno de corte secesionista. Tras las elecciones del 27S JxSí consiguió 62 escaños, quedando algo lejos de la mayoría absoluta de 68. Los 10 escaños de CUP se transformaron en la clave para formar un gobierno independentista, que no se desbloquearía hasta pasadas las elecciones generales del 20 de Diciembre; aunque el candidato investido finalmente no sería Artur Mas sino un sorprendido Carles Puidgemont, ahora ex alcalde de Gerona. Quedó en la oposición la amalgama de partidos no independentistas con Ciudadanos a la cabeza, cuya líder Inés Arrimadas asegura estar lejos del “incumplimiento de la ley” que conllevan las aspiraciones secesionistas.

La hoja de ruta secesionista

El Govern plantea seguir ciertos pasos para llegar a la creación del Estado Catalán: elaborar las leyes básicas de edificación del Estado y de desconexión -Transitoriedad jurídica, Hacienda y Seguridad Social; la declaración de intenciones; la convocatoria de elecciones constituyentes; la redacción de una Constitución catalana definitiva y finalmente, un referéndum para su aprobación.

No queda totalmente claro en qué preciso momento Cataluña se consideraría un Estado independiente desconectado de España; lo que sí queda claro es el cambio con respecto a la lingüística del programa electoral de JxSí, en el que se habla de proceder «a la proclamación de la independencia a partir de la desconexión respecto al ordenamiento jurídico español vigente».

Palos en las ruedas

El Gobierno Español no ha quedado al margen del proceso en Cataluña. Al contrario, se ha pronunciado continuamente contra las aspiraciones secesionistas actuando en algunas ocasiones por la vía judicial, y se mantiene atento a cada decisión del Ejecutivo catalán. Este es especialmente el caso de las competencias atribuidas a cada nueva consejería.

En el caso de que alguna competencia exceda el plano de lo autonómico, el Gobierno pedirá un informe jurídico y recurrirá. Tal es el ejemplo de los Asuntos Exteriores que pretende asumir la Generalitat, una competencia que la Constitución de 1978 establece como exclusiva del Estado.

Tal y como afirma la actual vicepresidenta en funciones Soraya Sáenz de Santamaría, «Nosotros no vamos a dejar pasar una sola actuación contraria a la Constitución y a las leyes, como ya dijo el presidente del Gobierno. Por eso, se analizarán las competencias que se den a las consejerías».

El gobierno de Mariano Rajoy ya recurrió el Projecte de llei de l’acció exterió de Catalunya, que quedó suspendido tras la aceptación a trámite del Tribunal Constitucional. Además, el anterior Ejecutivo promulgó las leyes de Acción y de Servicio Exterior del Estado y la ley de Tratados, en las cuales las competencias quedan claramente distribuidas.

Además, el Gobierno español resolvió recurrir la Comisión de Estudio del proceso constituyente en el Parlamento autonómico catalán, que tiene a fin abordar el «carácter y principios marco de un proceso constituyente en Cataluña».

Sim embargo Raül Romeva, el conseller de Asuntos Exteriores catalán, declara la voluntad de abrir más delegaciones catalanas en el exterior, donde ya hay 9 en funcionamiento y otras 17 en espera de empezar a actuar. Para esto, se dedicaría un total de 3 millones del presupuesto de su conselleria, que asciende a los 19 millones.

La llave para que “cuadren las cuentas”

Mientras tanto, la gobernabilidad de España se pone en duda. Las elecciones generales del 20 de Diciembre (20D) revelaron un Congreso altamente fragmentado, en el que ningún partido conseguiría la mayoría absoluta. Febrero se estrena sin acuerdo definitivo entre las principales fuerzas políticas –PP, PSOE, Podemos y C’s.

No obstante, durante las últimas semanas se ha barajado una coalición de la izquierda. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Podemos e Izquierda Unida (IU) negocian sumar esfuerzos; con lo que podrían rozar la mayoría absoluta (176). Es aquí donde entran en juego fuerzas como PNV o ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), pero el puzle no termina de encajar.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha declarado que su partido no apoyará un gobierno PSOE-Podemos si estos no reconocen la “plena soberanía” del Parlamento catalán de forma previa. Podemos se ha declarado ya a favor de impulsar un referéndum en la comunidad, aunque algunos barones regionales del PSOE se han manifestado reacios a “cruzar esta línea roja”.

El Ejecutivo catalán, bajo lupa

El Gobierno en funciones mira con lupa al Ejecutivo catalán. Algunos ayuntamientos han protagonizado ya momentos conflictivos: El Ayuntamiento de Breda (Gerona) ha declarado persona non grata a Felipe VI, que a sus ojos representa a un «Estado que impide el libre ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña». Además, el nuevo alcalde de Gerona tuvo que repetir la toma de posesión del cargo al no ser considerada como válida la fórmula utilizada.

Las elecciones catalanas del 27 S ya fueron tintadas de referéndum en su momento, y las publicaciones españolas aún discuten si el independentismo consiguió, o no, convencer a una mayoría de votantes catalanes.

Ana Muñoz García,  oriunda de Linares, cursa el segundo año del grado de Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid .

Desde muy pequeña mostró gran interés en los idiomas y en viajar, lo que la llevó a optar por el terreno de lo internacional. Enamorada también de las letras, especialmente de la filosofía y la política, decidió en 2015 iniciar sus estudios jurídicos.

Las grandes pasiones que para ella suponen la literatura, el aprendizaje, el contacto con otras culturas y sobre todo el periodismo, la impulsaron a colaborar con el periódico El Internacionalista, en el que actualmente la vemos escribir mensualmente.

Imagen obtenida de www.japantimes.co.jp

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