Seguridad ciudadana en México

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Por: Montserrat Castillo

En la actualidad, la seguridad como problema social en México ha escalado de manera rápida y continua posicionándose en la agenda política como una de las prioridades de la problemática nacional. Las exigencias sociales en materia de seguridad sobrepasan la capacidad de acción de un Estado de Derecho frágil y carente de cohesión, situado en un contexto cultural heredado de décadas de prácticas de corrupción y permisividad que impactan día tras día en la deslegitimación de las instituciones gubernamentales de procuración de justicia.

En respuesta, diversos movimientos y organizaciones nacionales e internacionales han sumado esfuerzos para evidenciar las deficiencias de las líneas de acción implementadas por el gobierno mexicano en respuesta al “crimen organizado” durante los últimos seis años. Estas acciones, lejos de lograr un impacto positivo o de reducción de las escalas de violencia en el país, han desatado un clima de inseguridad sin precedentes en el que la dinámica de violencia ya no se encuentra focalizada a una región o subgrupo poblacional; sino se ha diversificado, expandido y ha permeado de una u otra manera en todos los espacios y extractos de la sociedad, fracturando a su vez, el ya debilitado tejido social.

Remitirnos a la noción de pacto o contrato social -teoría clásica del Estado desarrollada por Thomas Hobbes- en la que el sujeto cede sus propias capacidades y herramientas para la defensa de su vida y bienes bajo la premisa de que su seguridad será garantizada por la protección del aparato gubernamental; representa únicamente uno de los muchos elementos que componen al Estado en su totalidad. El concepto de seguridad ha logrado evolucionar a partir de una historia de luchas y conquistas que la sociedad civil ha librado a su favor. El término de seguridad ya no es incorporado como uno de los derechos y/o garantías que le son conferidos al ser humano, sino que también, se compone por “aquellos derechos fundamentales de la persona humana –considerada tanto en su aspecto individual como comunitario- que corresponden a éste por razón de su naturaleza (de esencia, a un mismo tiempo, corpórea, espiritual y social), y que deben ser reconocidos y respetados por todo poder y autoridad y toda norma jurídica positiva…”[1] según la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del año 2009, subraya que si bien “en el orden jurídico internacional de los Derechos Humanos no se encuentra consagrado expresamente el derecho a la seguridad frente al delito o a la violencia interpersonal o social, puede entenderse que ese derecho surge de la obligación del Estado de garantizar la seguridad de la persona”. Lo anterior esta expresado en diversos tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las cuales se sustentan en  un cúmulo de derechos entre los que se encuentran: el derecho a la vida; el derecho a la integridad física; el derecho a la libertad; el derecho a las garantías procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes. Por lo cual, no existe fundamento jurídico o teórico para que el Estado se desentienda o separe de sus responsabilidades sobre el impacto derivado del actuar de personajes o grupos determinados, que deriven en un agravio a la seguridad de la sociedad, así como de la responsabilidad directa que éste tiene sobre el contexto violento de la dinámica social producto de medidas internas o externas para combatirlo.

Pero, ¿cuáles son los costos sociales de una política de seguridad que no integra dentro de su estrategia y fundamentos el salvaguardar la seguridad ciudadana, vinculante y protectora de los derechos humanos?

a)     Del año 2006 a la fecha, se cuentan cerca de 70 mil muertos, 20 mil desaparecidos, y más de 200 mil desplazados internos[2]. A esto se suman las llamadas víctimas invisibles, es decir, las personas que acompañan y sufren las consecuencias del agravio inicial. Calculando que la familia promedio en México tiene cuatro integrantes, cada una de las cifras presentadas debiera multiplicarse por 4, sumando más de un millón de mexicanos afectados por las secuelas de la “guerra”. Cabe señalar que la cifra no logra especificar nombres de las víctimas o fechas, si pertenecían a grupos delictivos o no, si murieron o fueron desaparecidos por organizaciones de delincuencia o por el Estado.

b)    En materia de acceso a la Justicia, la realidad mexicana se traduce en un 95% de impunidad sobre los delitos denunciados. Lo anterior quiere decir que de 100 casos de delitos cometidos, sólo 5son resueltos o investigados por las autoridades.  Por lo tanto, el gobierno mexicano, además de no lograr garantizar ese derecho, revictimiza a la sociedad al no encontrar mecanismos de justicia adecuados y eficientes por parte de las instituciones.

El impacto causado por la estrategia de seguridad desarrollada por el gobierno federal ya cuenta con costos humanos incalculables e irreparables. No sólo ha violado la naturaleza y razón del pacto social -que en teoría nos une y rige como sociedad- tampoco ha logrado trastocar, siquiera de manera superficial, los problemas estructurales del país que derivan en violencia; tales como la pobreza, la desigualdad y la singular naturalización social de la corrupción que caracteriza nuestras instituciones.

Imagen obtenida de blureport.com.mx

[1]Castán Tobeñas, José, “Los derechos del hombre” en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, T. LVIII, año CXVII-CXVIII, no. 6, dic., 1968; no. 1, ene, 1969; no. 2 feb., 1969; no. 4 abr., 1969; Madrid, España, p.778 en  Terrazas, Carlos R. Op. Cit., p. 35

[2] A pesar de las demandas sociales al respecto, no existe por parte del gobierno federal, un registro de víctimas de la estrategia de “lucha” del gobierno federal, por lo cual no hay datos fiables que nos permitan vislumbrar impacto que la misma ha tenido sobre la sociedad mexicana. Sin embargo, existen organismos cuyos informes elevan significativamente esta cifra.

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