Justicia en Camboya bajo la sombra del Khmer Rouge

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Por: Paulina Candia Gajá

Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU sostuvo que “el genocidio, entendido como la destrucción de un pueblo entero por sus orígenes étnicos o nacionales, se ha convertido en una palabra de nuestra época, una realidad horrenda que exige una respuesta histórica.” Durante el siglo XX se perpetraron alrededor del mundo múltiples crímenes de lesa humanidad y genocidios dictados por dogmas que, bajo el nombre del totalitarismo o la igualdad, democracia y libertad, persiguieron y aniquilaron -entre muchos otros- a armenios, judíos, iraquíes, ruandeses, guatemaltecos y camboyanos.

A más de 30 años de la derrota del Khmer Rouge liderado por Pol Pot en Camboya, el régimen que fue responsable de la muerte de más de 2 millones de personas y desplazamientos forzados masivos, parece haberse extinguido. Sin embargo, la intransigencia y la violación sistemática de los derechos humanos de los camboyanos aún se encuentra latente. Actualmente, bajo el régimen del Primer Ministro Hun Sen (quien ha gobernado desde 1985), Camboya vuelve a estar en la mirada de la comunidad internacional. Las intransigencias no consisten solamente en ignorar y rechazar las múltiples recomendaciones que organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) o la Corte Penal Internacional (CPI) le hacen al gobierno en cuestiones de reparación de justicia para las víctimas del genocidio perpetrado en 1975, sino también, en nuevas formas de represión y acoso a defensores de derechos humanos.

La transgresión del Estado hacia sus ciudadanos se manifiesta de manera física y psicológica. La no reparación del daño hecho durante el régimen del Khmer Rouge es uno de los casos. Hace uno días, Ieng Thirith,  ministro de Asuntos Sociales durante el genocidio, fue puesta en libertad sin condena alguna por los crímenes que cometió, y ningún líder del régimen ha sido juzgado y condenado aún después de que han transcurrido varias décadas. “Después de 30 años, nadie ha sido juzgado ni condenado por los delitos de uno de los más sangrientos regímenes del siglo XX”, dijo Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. Lo anterior, no sólo manifiesta la complicidad de todo el  sistema gubernamental y judicial en Camboya, sino que tampoco le permite al pueblo reconstruir el tejido social a través de la reparación del daño para comenzar un nuevo capítulo en su historia. Es la perpetuación de la impunidad en los grados más profundos del imaginario colectivo, el sentimiento de una enorme desprotección por parte de la comunidad nacional e internacional.[i]

No obstante, las formas de represión también cambian dependiendo de las demandas económicas dentro del nuevo contexto internacional. Recientemente, un tribunal camboyano condenó a 20 años de prisión a Mam Sonando, un hombre de 71 años propietario de una estación de radio independiente que defiende los derechos de la tierra. La justicia lo responsabiliza de “dirigir una rebelión contra el Estado”, cuando su labor ha consistido en apoyar e informar a la ciudadanía sobre las vejaciones que están sufriendo las comunidades de la provincia de Kratie, donde los pobladores han sido desalojados violentamente de sus tierras. El gobierno ha implementado  otorgamientos masivos de grandes concesiones de tierras cultivables a empresas, respaldado por las llamadas “concesiones económicas de tierra”, para que exploten los recursos naturales en esas hectáreas sin respetar los mínimos derechos de los campesinos que las habitan y los protocolos de protección y sustentabilidad medioambiental.

En varias protestas, defensores y activistas de derechos humanos han sido asesinados. Chut WuTtY, activista medioambiental, fue asesinado por fuerzas militares; esto sumado a la muerte de una niña de 14 años que participaba en una manifestación, y al encarcelamiento de 13 mujeres que exigen el reasentamiento adecuado para las personas que han sido desplazadas durante este conflicto. Aún cuando el Banco Mundial decidió congelar los nuevos préstamos para Camboya hasta que el gobierno no repare los daños a las 400, 000 personas que se estiman han sido desalojadas de sus tierras violentamente desde el 2003, no parece haber voluntad política de parte del gobierno para buscar una posible solución a la crisis humanitaria desatada desde hace ya varios años.

Algunos hubieran pensado que la “derrota” del Khmer Rouge hace más de 30 años era la oportunidad que le permitiría al pueblo camboyano reescribir su historia y aprender de aquellos crímenes y errores que casi exterminan por completo a su población. Sin embargo, no fue así. Hoy en día, la ley que permite la injusta venta de tierras sigue vigente, los defensores medioambientales y de derechos humanos siguen siendo acosados y criminalizados, mientras los responsables del genocidio perpetrado en 1975 están en libertad.

A pesar de que Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales han declarado a Mam Sonando un prisionero de conciencia y han presionado al gobierno para que respete los derechos de sus ciudadanos, en Camboya la norma sigue siendo la imposición del poder a través de la violencia. El pueblo camboyano, al no tener libertad de expresión, ni respeto a los recursos naturales y la propiedad de las comunidades,  y siendo víctimas de la tortura, represión y desaparición como métodos de subordinación al poder del gobierno, sigue viviendo bajo la presencia fantasmagórica y omnipresente de los legados de impunidad, violencia y corrupción que dejó el Khmer Rouge y los gobiernos adyacentes a su paso. Irónico que el desplazamiento forzado sea una constante en la historia de este país, primero durante las migraciones internas masivas con el Khmer Rouge donde se pretendía que toda la población se concentrara en el campo para reiniciar en el “año cero”, y ahora para despojarlos de las tierras que les pertenecen y les brindan el sustento para vivir. Al parecer la respuesta histórica de la que hablaba Kofi Annan ha dejado mucho que desear.

 

Imagen obtenida de www.cam111.com


[i] El Khmer Rouge fue expulsado de Phnom Penh por las fuerzas vietnamitas en 1979 y se retiró a la frontera con Tailandia, donde recibió el apoyo de Tailandia, Estados Unidos, Reino Unido, China y Singapur durante toda la década siguiente.

 

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