Las elecciones en Kenia vs. La justicia internacional ¿Retos para la democracia keniana?

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Por: Sandra Patargo

Es digno de novela de ciencia ficción pensar que los ciudadanos de un país “democrático” tendrían como opciones de candidatos a la presidencia, a un funcionario público que estuvo involucrado en un escándalo de corrupción y en el incendio de una iglesia llena de niños y mujeres; y a un millonario presuntamente responsable de los asesinatos y violencia sexual perpetrados en contra de cientos de kenianos; y que, como cereza de pastel, ambos se encontraran acusados de crímenes de lesa humanidad ante una corte internacional. Sin embargo, lo anterior no es una cruel ironía, se trata del más reciente capítulo de la historia de la política de Kenia.

El 23 de enero de 2012 se hizo pública la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares II de la Corte Penal Internacional (CPI) donde se confirmaron los cargos en contra de 4 de los 6 políticos kenianos acusados por cometer crímenes de lesa humanidad en la etapa posterior a las elecciones de 2007 en Kenia. Dos de los  candidatos a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en marzo de 2013, Uhuru Kenyatta y William Ruto, forman parte de la lista de juzgados.

Las protestas postelectorales de 2007 se dieron cuando, tras haber anunciado la victoria del ahora Presidente de Kenia, Mwai Kibaki, los simpatizantes del entonces candidato y actual Primer Ministro, Raila Odinga, acusaron a Kibaki de haberse robado las elecciones, lo que terminó en una serie de enfrentamientos entre los seguidores de ambos líderes políticos.

Durante los disturbios postelectorales 600,000 personas fueron desplazadas de sus hogares, mientras que alrededor de 1,200 personas fueron asesinadas, de las cuales sólo dos casos han llegado a la justicia. Como si esto no fuera suficiente, ONG’s como Human Rights Watch (HRW) acusan a los policías kenianos de haber estado implicados en alrededor de 405 asesinatos, 500 personas lesionadas y docenas de violaciones sexuales. Asimismo, esta organización habló de la falta de voluntad de las autoridades, sobre todo de la policía y del poder judicial para investigar y enjuiciar a los culpables, así como de reparara las víctimas.

Es por eso que no es sorprendente que la población de Kenia haya perdido por completo la confianza en las instituciones y en el acceso a la justicia. Así que, el hecho de que un órgano internacional sea capaz de llevara juicio a algunos de los políticos más poderosos –  incluyendo a dos candidatos a la presidencia – , en un país donde la impunidad juega a favor de los poderosos, ha traído brotes de esperanza a la sociedad.

Sin embargo, la decisión tomada por la CPI no necesariamente significa que los cuatro sospechosos ya sean considerados culpables y que vayan a tener una sentencia condenatoria, sino que existe suficiente evidencia para poder llevarlos a la Corte. A pesar de que los cuatro políticos van a presentarse ante este organismo internacional, se ha decidido llevar dos casos en vez de uno.

En el primer caso se encuentran los simpatizantes de Raila Odinga en la elecciones de 2007 e integrantes de la minoría étnica kalenjin, Joshua arap Sang- reportero acusado de haber ayudado a organizar la violencia en contra de la oposición –y el  candidato presidencial William Ruto. A Ruto y arap Sang se les atribuyen crímenes de lesa humanidad como asesinatos, deportaciones o traslados forzosos de población y persecuciones.

El segundo caso, sobresaliente por contar con la presencia del candidato presidencial Uhuru Kenyatta, y del secretario del gabinete y la mano derecha del presidente Kibaki, Francis Muthaura, consiste en la acusación de 10 crímenes incluyendo asesinatos, deportaciones o traslados forzosos de población, violaciones y otras formas de violencia sexual, actos crueles e inhumanos y persecución a la población keniana. Durante el periodo en el que se perpetraron los crímenes, los acusados -miembros de mayoría étnica kikuyu- eran fieles simpatizantes del presidente Mwai Kibaki.

Uhuru Kenyatta, además de ser el actual ministro de finanzas y uno de los candidatos a la presidencia, es hijo de Jomo Kenyatta, primer presidente de la Kenia independiente. Kenyatta, considerado el hombre más rico de Kenia, fue llamado ante la CPI por haber liderado el plan de venganza en contra de los opositores del ahora presidente Mwai Kibaki, como parte de su plan para mantenerlo en el poder. A pesar de las acusaciones, el hijo del “padre fundador de Kenia”, no ha decidido renunciar a su puesto como ministro de finanzas y dice estar listo para presentarse en las elecciones presidenciales del próximo año, en donde algunas encuestas lo han mostrado bien posicionado.

El otro candidato imputado, William Ruto, es un miembro vigente del parlamento, quien fue suspendido de su anterior cargo de ministro de educación superior en octubre de 2011por estar implicado en un escándalo de corrupción. Ruto ha declarado que las alegaciones en su contra -entre las cuales está haber organizado ataques en contra de los seguidores de Kibaki- no van a afectar a su candidatura y que él tampoco planea abandonar la contienda electoral.

El gobierno de Mwai Kibaki, apoyado por la Unión Africana, ha llevado a cabo un sin fin de malabares políticos, incluyendo una propuesta en el parlamento para retirarse del Estatuto de Roma –tratado constitutivo de la CPI- para impedir la llegada de los funcionarios de su gobierno a la Corte, esperando –según él- que ésta sea una solución a un posible aumento de las tensiones políticas. Sin embargo, si los culpables no son llevados ante la justicia, y tanto Ruto como Kenyatta se enfrentan a las elecciones del próximo año, es muy probable que las tensiones políticas lleguen a su punto de ebullición, teniendo como resultado algo muy parecido a lo sucedido tras las elecciones de 2007.

Kenia tiene una de las economías más grandes de la región, pero si la situación política no logra estabilizarse, aunado al delicado escenario de la economía mundial y a los altos precios de los alimentos y del petróleo en la región, el 2012 podría convertirse en un año con más retos económicos de los esperados. Sólo horas después de que la decisión de la Corte fuera emitida en los medios de comunicación, el chelín keniano cayo en un 0.8% mientras que la Bolsa de Valores de Nairobi tuvo una caída de 2%.

Los acusados pueden permanecer en libertad hasta que la Corte determine lo contrario, lo cual va a posibilitar que éstos se presenten en las elecciones del próximo año como candidatos. Esto puede ser riesgoso si los aspirantes acuden a campañas de compasión, posando como mártires y víctimas de una estrategia política en su contra.

Sin embargo, desde las elecciones pasadas las cosas han cambiado mucho. Los antiguos aliados Odinga y Ruto han dejado de serlo ante rumores de que Ruto ha estado manteniendo diálogos con su antiguo enemigo Kenyatta y con el presidente Kibaki.Irónicamente, ahora Kenyatta y Ruto acusan al primer ministro, Raila Odinga, de estar usando los juicios ante la CPI para favorecer su posicionamiento durante las candidaturas a la presidencia. Cierto o no las encuestan indican que Odinga lleva la delantera, seguido por Uhuru Kenyatta.

 Raila Odinga fue instalado en el puesto de primer ministro por medio de un acuerdo al que se llegó con Mwai Kibaki para crear un gobierno de coalición. Esto se logró a través de una incitativa impulsada por ex secretario de la ONU, Kofi Annan, y de la comunidad internacional con el objetivo de ponerle fin a la violencia en Kenia. Sin embargo, a unos meses de las elecciones presidenciales, las tensiones entre las dos antiguas facciones, las del Orange Democaratic Movement (ODM) de Odinga y el Party of National Unity de Kibaki, se han complicado, no sólo por los juicios que esperan Kenyatta y Ruto, sino porque la coalición del ODN ahora se encuentra dividida entre dos, consecuencia del rechazo de Ruto al liderazgo Odinga.

Queda claro que el tema de los cuatro líderes políticos que enfrentan un juico ante la CPI ha dejado de ser un tema meramente jurídico para ser uno político y que, de no jugarse las cartas adecuadas podría llevar al fin del frágil gobierno de coalición o, peor aún, al resurgimiento de los viejos conflictos. Kenyatta y Ruto, de resultar culpables, tendrían que dejar sus aspiraciones presidenciales, tendiéndole al persistente Odinga el tapete rojo rumbo a la presidencia de Kenia.

Las consecuencias de llevar a estos funcionarios a la CPI van más allá de poner un alto a la impunidad; estos dos casos pueden servir como un freno para que los simpatizantes de los candidatos a las próximas elecciones piensen dos veces antes de ejercer violencia durante este periodo. Los ciudadanos kenianos así lo esperan.

De resultar exitoso, el caso de Kenia podría ser un ejemplo a seguir para todos los países en donde todavía quedan muchos retos en materia de acceso a la justica, democracia y observancia de los derechos humanos.

Foto obtenida de Foreign Policy Association

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