El desprecio al legado de Nelson Mandela

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Por: Paulina Candia Gajá

Sudáfrica es un país que se ha caracterizado por tener una historia de exclusión, xenofobia, racismo e ineficiencia en la aplicación de los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos. Basta recordar la época en la que las políticas del Apartheid dominaban la vida pública y social de sus habitantes, manteniendo una división tan tajante, que ocasionaba que Sudáfrica fuera dos países en uno. Con la victoria del Congreso Nacional Africano en 1994, Nelson Mandela reestructuró muchas de las legislaciones autoritarias y comenzó a darle máxima prioridad a las garantías individuales y derechos humanos del pueblo sudafricano. 

En la primera Declaración al Juzgado en 1962 Mandela sostuvo: En su sentido propio, la igualdad ante la ley significa el derecho a participar en la elaboración de las leyes por las que uno se rige, una Constitución que garantiza los derechos democráticos a todos los sectores de la población, el enfoque del derecho a la Corte para la protección y socorro en el caso de la violación de los derechos garantizados en la Constitución…”

Por desgracia, parece que gran parte de los ideales que Nelson Mandela llevó a la práctica están diluyéndose en el nuevo contexto político que el Presidente Jacob Zuma, también integrante del  Congreso Nacional Africano, ha implementado en los últimos años. Estos días se ha mencionado en la prensa internacional el descontento de la sociedad civil, así como las demandas de múltiples organizaciones civiles como Human Rights Watch, para frenar la aprobación del Acta de Protección de Información del Estado en el Parlamento.

Dicha Acta, propuesta en marzo del 2010, consiste, principalmente, en condenar con largas penas carcelarias a las personas que bajo su condición de periodistas, ciudadanos o denunciantes intercambien o utilicen información que el gobierno considera clasificada. La clase política sudafricana, al omitir del Acta la “defensa del interés” y “derecho público” de los ciudadanos para conocer el funcionamiento interno del gobierno, tiene como objetivo que éstos no puedan exponer la mala gestión o corrupción que los funcionarios políticos puedan estar realizando y por lo tanto no tener acceso real a la justicia. Además, contradice y anula la “Ley de Promoción de Acceso a la Información” emitida en el año 2000, que estipula el derecho constitucional de los ciudadanos a tener acceso a la  información que se encuentre en poder del Estado o de otros organismos privados para facilitar la protección de los derechos de los sudafricanos, y que fue respaldada por la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos.  

Aún cuando los representantes del gobierno de Jacob Zuma se comprometieron a debatir por largos periodos los mandatos postulados en el “Acta de Protección de Información del Estado”, el Congreso Nacional Africano realizó fuertes presiones en el Parlamento para que esta iniciativa fuera aprobada, lo que se logró hace una semana. No obstante, aún queda algo de esperanza, ya que el procedimiento parlamentario requiere pasar todavía a la Cámara Alta de la legislatura, donde varios grupos de presión ya están trabajando para que el Acta sea regresada a la Cámara de Diputados y la cláusula de interés público se considere y se incluya.

A continuación cito aquellos “Delitos por Actividad Hostil” estipulados en el “Acta de Protección de Información del Estado” donde la pena de encarcelamiento llega a ser de hasta veinticinco años:

Delitos por Actividad Hostil

Se trata de un delito punible con prisión por un periodo no superior a veinticinco años cuando:

a) Se comunica, entrega o hace disponible información del Estado con la intención de perjudicar a éste, o

b) se hace, obtiene, recolecta, captura o copia un registro que contiene información confidencial y cuya divulgación puede causar daños graves o irreparables a la seguridad o los intereses del Estado o pueda causar a otros Estados romper relaciones diplomáticas con la República

Sería bueno cuestionarnos: ¿Bajo qué circunstancias el Estado sudafricano considera que un individuo tiene la intención de perjudicarlo? ¿Si un ciudadano quiere disponer de información sobre la recaudación de impuestos de su gobierno es un delito? ¿Bajo qué parámetros el Estado considera que la obtención de información pueda causar daños graves a la seguridad? ¿A qué “seguridad” se refiere? Y si, por ejemplo, un ciudadano o periodista hace público un expediente sobre casos de corrupción de algún funcionario público ¿eso afectaría los intereses del Estado o la imagen de Sudáfrica a nivel internacional por lo que lo podrían encarcelar 25 años?

Se comenta que una de las razones por la cuales Zuma impulsa esta iniciativa de ley es porque recientemente una comisión de investigación ha estado analizando la compra de armamentos que realizó en 1999 con uno de sus antiguos socios Schabir Shaik, condenado por corrupción por su involucramiento en el negocio de las armas. Si esta Acta de Protección de Información del Estado logra convertirse en Ley, no sólo se protegerá a estos vendedores de armas, sino que se protegerá a todos aquellos funcionarios públicos corruptos que ahora tendrán un respaldo legal para malversar recursos que vienen del pueblo sudafricano y deberían redistribuirse a éste.

Hay que estar atentos, ya que estas iniciativas de Ley no tienen más que la intención de cooptar el acceso a la información y la libertad de expresión, para que a los ciudadanos les resulte imposible o muy riesgoso tener acceso a asuntos de interés público. Además, como consecuencia de la desinformación, se disminuye la participación ciudadana y se instaura un aletargamiento social que beneficia principalmente a las élites que se quieren perpetuar en el poder a través de medidas autoritarias y corruptas.

Esperemos que el Congreso Nacional Africano, en su conjunto, conserve un poco del legado ético y moral que Nelson Mandela tuvo la intención de transmitir a las futuras generaciones de jóvenes y clase política que le procedía, y decline el “Acta de Protección de Información del Estado”, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos a favor de un Estado más democrático y representativo. 

Imagen obtenida de: mw.nl

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